A menudo los medios de comunicación nos sorprenden con noticias sobre corrupción urbanística, tramas inmobiliarias y otros asuntos escabrosos. Hablan de cifras astronómicas que cuesta asimilar, mientras que la Administración Pública se gasta millones de euros en macro-juicios (aunque el dinero estafado nunca aparece). Las palabras como prevaricación y cohecho empiezan a sonar familiares y, por su parte, los líderes políticos se acusan mutuamente de apropiarse de dinero público. Nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción urbanística.

Pero esto no es un problema aislado, no ocurre solamente en núcleos de cierto tamaño, en áreas turísticas, en zonas con gran tirón urbanístico... Toda la geografía española está salpicada de edificaciones que tienen algo más o menos ilegal, unas veces sin el consentimiento de la Administración y en la mayoría de las veces con conocimiento de la misma. El número de expedientes abiertos por estas causas de incumplimiento es ridículo en comparación con el número de infracciones. Las sanciones se suelen quedar por debajo del beneficio que obtiene el promotor gracias a la ilegalidad cometida. El número de expedientes de demolición es también insignificante.

La figura del tasador y de la sociedad de tasación se han convertido en una herramienta muy útil en este campo. Es sorprendente comprobar cómo una infracción o incumplimiento ha ido superando una serie de "estratos" administrativos hasta que el tasador informa en su tasación del riesgo que arrastra una situación irregular o el área de control de una sociedad de tasación detecta el riesgo. Todos tienen recursos a su alcance para evitar estas situaciones y exigir la legalidad en sus cometidos. Una mejor interconexión entre estos agentes (comisiones de urbanismo, colegios profesionales, ayuntamientos, catastro, notarías, registros de la propiedad... ) permitiría una mayor transparencia.

Sería conveniente la coordinación de algunas competencias y una mejora sustancial en el flujo y manejo de la información . En la actualidad los avances en la transmisión, tratamiento y disponibilidad de la información son enormes. La situación se prevé mejorable si es posible unir estos niveles administrativos con racionalidad. Herramientas como el catastro virtual o la base de datos cartográfica del Registro de la propiedad son el punto de partida para ordenar estas necesidades. La tarea consiste en relacionar esas utilidades entre sí y ponerlas al servicio del profesional, a la vez que se promueve mayor concienciación en los distintos colectivos.