La ejecución inmobiliaria es el proceso legal por el que una institución financiera o prestamista requisa una vivienda, cuando el deudor ha suspendido el pago de los plazos hipotecarios.

Para llevar a cabo esta acción la institución financiera remite al juzgado una demanda para que se extinga el contrato de préstamo. A través del juzgado se reclama lo que está pendiente de pago a un tipo de interés que puede rondar entre el 20% y el 25%, según lo firmado en el acuerdo hipotecario.

Ante esta situación, el deudor tiene dos salidas:

• Si es su vivienda habitual y familiar, puede pagar el principal e intereses que adeude y las costas, con lo que se declararía terminado el procedimiento.
• Si no puede pagar, el procedimiento finaliza con la subasta del inmueble que se notifica al deudor con 20 días de antelación.