Consiste en la valoración del justiprecio que debe abonarse a quien se le ha expropiado un bien por necesidad social. Como la finalidad esencial de la justicia está en el respeto del derecho individual articulado con bien general o común, es necesario que la compensación económica que se ofrece por el bien expropiado corresponda al valor que dicho bien ofrecía a su dueño. Esta decisión es tomada por un tribunal económico.